Próxima Ley elevará los estándares contra la corrupción pública y privada

La tramitación de la ley Anticorrupción además, implica que el castigo será más grave si lo cometen las máximas autoridades del país.

 

Ad portas de ser ley se encuentra el proyecto Anticorrupción, iniciativa que fue aprobada de manera unánime en el Congreso, y que considera aumento de penas, nuevos delitos, ampliación de la responsabilidad penal y que las figuras más graves de cohecho y soborno tengan sanciones por sobre los 5 años de cárcel, son parte de las fortalezas del proyecto de ley que modifica el Código Penal y que impulsa este nuevo estatuto.

Los principales hitos de esta iniciativa, son el aumento de penas de diversos delitos funcionarios y modificaciones de algunos de estos tipos penales; la incorporación de nuevas penas y reglas especiales para estos ilícitos; establecer nuevos delitos: cohecho en razón del cargo, corrupción entre particulares y administración desleal; se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas aplicables; y finalmente incorpora nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos, convirtiéndose en una normativa sancionatoria más efectiva, proporcional y disuasiva en el control y combate contra el flagelo de la corrupción de funcionarios públicos y particulares.

El Seremi de Justicia y DD.HH, Eugenio Canales explicó que “este es un significativo avance en la nueva ley que castiga el soborno y el cohecho, aplicando la más fuerte de las sanciones, porque están actuando en representación de los chilenos, y por tanto, busca una mayor probidad en la administración pública, dos objetivos muy centrales del Gobierno del Presidente Piñera y de todos los chilenos, a fin de recobrar la confianza ciudadana”.

Finalmente, cabe mencionar que dicho este proyecto pronto a ser ley considera la creación de penas especiales para cuando estos delitos sean cometidos por las más altas autoridades, ya sean ministros de estado, parlamentarios, titulares de los principales poderes públicos o de las principales instituciones del país, los que deberán cumplir su condena en cárcel.

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