Servicio nacional de la mujer y equidad de género conmemoró 27 años de existencia

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Desde el año 1991, ha velado por fortalecer las autonomías y la no discriminación de las mujeres en toda su diversidad para la transformación cultural de país. En consecuencia, durante su historia ha trabajado por generar condiciones para que las situaciones de inequidad que afectan a las mujeres y que vulneran sus derechos, sean reconocidas como problemas de Estado, abordadas por las distintas políticas públicas y por el conjunto de la sociedad. 
 
Un balance de los principales logros de la Agenda de Género impulsado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, efectuó la Directora Regional de SernamEG, María Francisca Rojas Covarrubias, destacando la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, “lo que ha permitido que cumplamos 27 años como Servicio con una institucionalidad más robusta; a partir de junio del 2016 comenzó un proceso que generó una serie de cambios que se vieron coronados con el nombramiento de la primera Seremi, Laura Álvarez Díaz, quien tiene una trayectoria ligada al trabajo para avanzar en los derechos de las mujeres”. 
 
Respecto a la autonomía económica, la Reforma Laboral también incorpora demandas y temáticas con perspectiva de género, ya que promueve que las mujeres estén presentes en las organizaciones laborales que participan en los procesos de negociación colectiva. Asimismo, la ley que mejora las condiciones de las trabajadoras de casa particular, que regula las remuneraciones, el contrato y el derecho a la salud, entre otros.  En materia de corresponsabilidad la ley SANNA que crea un seguro para madres y padres para que puedan cuidar a sus hijas/os con enfermedades o accidentes graves por más tiempo; y la ley que permite a los hombres trabajadores alimentar a los hijos menores de dos años.   
 
Otro de los avances y que se relaciona con la autonomía física es la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La Directora Regional de SernamEG, señaló que “como Estado nos hacemos cargo de acompañar a las mujeres, adolescentes y niñas que deben afrontar experiencias de vida críticas como lo son el riesgo vital de la mujer embarazada, una alteración estructural congénita o genética de carácter letal que afecte al feto o embrión, o una violación”. Agregando que “este fue un avance real en materia de derechos y que respeta tanto los derechos y las decisiones de las mujeres- independiente de su edad- con un acompañamiento que incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento del proceso”. 
 
Cabe recordar que se encuentra en tramitación en el Congreso el proyecto de ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; por un lado, busca mejorar las respuestas que el sistema actualmente ofrece a quienes son víctimas de violencia. Con dicho propósito se modifican las leyes N° 20.066 de violencia intrafamiliar, y la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia y también el Código Penal. Se incorpora nociones de violencia que actualmente no se encuentran sancionadas como la violencia económica y simbólica. Da cuenta de la violencia que ocurre en el espacio público como el acoso callejero, y la que se da en los centros laborales y educacionales. Además, considera sanciones para la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
 
Otra de las medidas promovidas y promulgadas por el Gobierno es la “Ley de Cuotas” o aplicación del criterio de paridad de género en la conformación de las listas de candidaturas al Congreso, lo que según María Francisca Rojas Covarrubias, “permitió dar un paso importante en la autonomía en la toma de decisiones tras las elecciones pasadas ya que vamos a tener representación en el Senado y también en la Cámara de Diputados; por lo tanto, tal como lo dice la Presidenta Bachelet estamos avanzando en equilibrar la cancha”. Finalmente, las directivas de los partidos políticos deberán respetar la proporción 60/40 en sus integrantes, con lo que se busca incrementar la participación de mujeres en cargos de toma de decisión al interior de los partidos.

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